La justicia
europea cree que el céntimo sanitario vulnera la ley comunitaria
ESPAÑA TENDRÍA QUE DEVOLVER 13.000 MILLONES
El abogado general del Tribunal
de Justicia de la UE (TUE), Nils Whal, ha
dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' -el impuesto sobre los
carburantes que aplican algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se
destinan a financiar la sanidad- vulnera
la legislación comunitaria. España podría tener que devolver 13.000
millones de euros, aunque el dictamen admite que se podrían limitar los efectos
en el tiempo de la sentencia final.
El fallo del abogado
general -que no es vinculante, pero resulta
refrendando por el TUE en el 80% de los casos- responde a un
litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La
compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000
euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ha pedido a la justicia
europea que se pronuncie.
En sus conclusiones de
este jueves, el abogado general sostiene que el impuesto "es contario a la directiva
sobre los impuestos especiales"porque no cumple los dos
requisitos que exige la norma para este tipo de gravámenes.
En primer lugar, Whal
asegura que el 'céntimo sanitario' no
cumple el requisito relativo a la existencia de una finalidad específica no
presupuestaria. Ello
se debe, en particular, a que persigue el mismo objetivo que el impuesto
especial armonizado sobre hidrocarburos, que consiste en reducir los costes
sociales (sanitarios y medioambientales) provocados por el consumo de
hidrocarburos.
Además, no se ha demostrado que la estructura del impuesto esté
concebida para desincentivar el consumo de hidrocarburos o para incentivar el
consumo de otro producto menos perjudicial. Finalmente, el dictamen dice que la
mera afectación de la recaudación del impuesto a medidas sanitarias y
medioambientales no basta para demostrar que persigue una finalidad no
presupuestaria.
En segundo lugar, el
abogado general entiende que el 'céntimo sanitario' tampoco cumple el segundo
requisito exigido, porque no respeta el sistema general
de los impuestos especiales o del IVA para la determinación del devengo. A diferencia del impuesto especial,
que se devenga cuando el producto sale del último depósito fiscal, y del IVA,
que es exigible en cada fase del proceso de producción y distribución, el
'céntimo sanitario' se devenga cuando los hidrocarburos se venden al consumidor.
En este asunto, España ha solicitado al Tribunal de Justicia que
limite los efectos en el tiempo de la sentencia de ilegalizar el impuesto. En
la práctica, esto significaría que la sentencia únicamente produciría efectos
en el futuro y no afectaría a los impuestos recaudados en el pasado. Sobre
esta cuestión, el abogado general no es categórico. Por un lado, admite que no
puede descartarse un riesgo de repercusiones económicas graves dadas las
cantidades considerables reclamadas y la "situación económica
precaria" que atraviesan actualmente España y sus comunidades autónomas.
Por otro lado, Whal
destaca que cuando se creó el 'céntimo
sanitario' el Tribunal de Justicia ya había dictado una sentencia sobre la no
conformidad de un impuesto similar y por
tanto no había "incertidumbre" sobre la aplicación del derecho
comunitario. "No puede descartarse categóricamente que el Tribunal de
Justicia pudiera considerar limitar
los efectos en el tiempo de una sentencia aun cuando no concurra el requisito
de la incertidumbre en cuanto a la interpretación de las
disposiciones pertinentes del derecho de la Unión", apunta el dictamen.
"Esto sería posible en determinadas circunstancias completamente
excepcionales en las que la repercusión económica de la retroactividad sería
especialmente grave", señala el abogado general.
No obstante, también indica que "España parece haber asumido
deliberadamente el riesgo de seguir adelante con la legislación controvertida
y, en consecuencia, esa legislación se ha aplicado durante muchos años en
perjuicio del consumidor final y del mercado interior". Los jueces
empiezan ahora a deliberar y la sentencia definitiva se dictará en los próximos
meses.