El pasado día 16 de mayo, la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda del Estado ha hecho público en documento que recoge una
serie de propuestas de todo tipo que resultarían necesarias para combatir el
fraude fiscal con eficacia, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno.
Estas propuestas han sido expuestas en los XIII Encuentros
Tributarios. http://www.inspectoresdehacienda.org/
Mi comentario lo voy a centrar respecto de las
propuestas que se hacen en el ámbito interno.
Los inspectores de Hacienda españoles apuestan por
incentivar la denuncia con participación
del denunciante en el importe de la sanción que se imponga, un porcentaje del 20 al 30%
del importe. Tanto es así que apuestan
por regular el pago a confidentes (por medio de un fondo especialmente
destinado para ello en la Agencia Tributaria) que aporten informaciones
confidenciales que afloren o supongan la "recuperación de cuotas
defraudadas", tal como ha explicado la Organización Profesional de
Inspectores de Hacienda (IHE) durante la celebración de los Encuentros
Tributarios. La
modificación que se propone es que se incluya en dicha norma partidas confidenciales
también para las investigaciones de la AEAT que pudieran dar como resultado la
denuncia por delito fiscal, mediante la correspondiente modificación de la Ley
General Tributaria.
Particularmente estoy en total
desacuerdo con la fórmula del incentivo por la denuncia tributaria y más aún
con la creación del “fondo especial”; Los españoles tenemos memoria histórica y
sabemos a que fueron aplicados otros “fondos reservados” de fasto recuerdo. Ahora
son los propios Inspectores de Hacienda los incentivados por conseguir “su objetivos”
en el cumplimiento de su trabajo. Es más estoy en contra del incentivo, en
nuestro país ya son muchos los incentivados por realizar su cometido, sobre
todo en materia de imposición de sanciones.
Recordar a la Organización
Profesional de Inspectores de Hacienda que la “obligación de información” ya
esta regulada en nuestro ordenamiento jurídico tributario, siendo obligatorio proporcionar a la Administración
tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con
trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de obligaciones
tributarias, relaciones económicas, profesionales o financieras, nos sólo de
personas sino de las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza; los
titulares de los órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de las
entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales;
las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las
mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las
gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones
públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria
cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta
mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos
concretos. Luego el problema radica en la eficacia no en la inexistencia de
medios.
Si voy hacer especial incidencia en el punto 2.3 del
documento, en concreto, respecto de “casos de corrupción”. La última encuesta
del CISS señala que
el tercer problema para los españoles
son los políticos y los partidos políticos, y dicho barómetro refleja que el fraude y la corrupción son para los
ciudadanos el segundo problema del país, después del desempleo. Según se
recoge en el propio documento elaborado por la Organización Profesional de
Inspectores se cita el informe que el servicio de inspección del Poder Judicial
ha emitido en abril de 2013 sobre necesidades en los Juzgados; Se manifiesta
que se estaban tramitando en ese momento un total de 1.661 casos de corrupción
política o financiera.
Lo que resulta incomprensible para mí es que un estado
pleno de Derecho, como lo es España, ante esos casos de corrupción, las distintas partes
responsables de atajarlos, entre los que se encuentran los Inspectores de
Hacienda, no hayan realizado ningún tipo de actuación. Esas actuaciones en el
seno de sus competencias son claras y no resultan de mayor comprensión para el
resto de los ciudadanos, INSPECCIÓN A LA
CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA sin ninguna limitación, desde el concejal del
municipio más pequeño hasta llegar a la Casa Real. Sólo con la comprobación de los
patrimonios que han generado políticos españoles, en un tiempo récor y con unos
ingresos limitados, digno del más cualificado inversor, que por sí solo
merecería el cargo de Ministro de Economía… ¿quién mejor que alguien que es
capaz de generar ese patrimonio? Los
Inspectores de Hacienda que se centren en esta actuación, LIMPIEZA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN POLÍTICA.
