El presidente de la Organización
Profesional de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ransés Pérez Boga,
defiende una reforma fiscal "de calado", que limite las deducciones,
elimine los problemas de coordinación con las comunidades autónomas y evite la
rivalidad impositiva entre ellas.
EFE
En una entrevista concedida a Efe, el
presidente de IHE aboga por elaborar una normativa sobre los impuestos que sea
"lo más clara y precisa" y que establezca cláusulas contra el fraude
que permitan corregir "interpretaciones interesadas".
Asimismo, pide una administración tributaria bien
dotada de recursos, independiente del poder político y gestionada de forma
unitaria para todo el territorio nacional.
Ransés Pérez Boga señala que, a pesar de que se han
suprimido deducciones en el impuesto de sociedades, "todavía sobra
alguna".
También pide que se combatan las argucias fiscales de
las multinacionales y que no se admitan las interpretaciones especulativas, que
se coordinen y aproximen legislaciones, y que se hagan inspecciones comunes.
Pérez Boga incide en que los asalariados soportan el
80 % del peso del IRPF, "a lo que hay que sumar el impacto del IVA y de
los impuestos especiales", frente a los bajos tipos efectivos del impuesto
de sociedades, "que apenas supera el 10 % en algunos casos".
Además, subraya que no hay suficientes inspectores en
España para combatir un fraude que supera el 20 % del PIB y añade que la
cuestión no es subir o bajar impuestos, sino si se está dispuesto a luchar de
forma decidida contra el fraude.
En este sentido, destaca que en España hay un
funcionario de Hacienda por cada 1.928 habitantes, una cifra muy superior a la
de Reino Unido (1 por cada 862 habitantes), Francia (860) y Alemania (729),
"países con un fraude fiscal que es casi la mitad que el de España".
El presidente de IHE defiende que se amplíen los
plazos de duración de los procedimientos tributarios y especialmente los
relativos a las grandes empresas y contribuyentes que hacen operaciones
internacionales y en las que hay que pedir información al extranjero.
Asimismo, recalca que la denominada amnistía fiscal
fue un desacierto, "como así ha confirmado su escasa recaudación", y
añade que ha mermado la conciencia fiscal del ciudadano.
A este respecto, califica de "positiva y
necesaria" la posibilidad de que los inspectores puedan investigar a las
personas que se acogieron a ella, así como usar la información correspondiente.
A su juicio, lo contrario habría sido dar "un
cheque en blanco" a los defraudadores que pudieron haber regularizado
beneficios obtenidos con posterioridad al plazo de amnistía o haber camuflado
como prescritas rentas que no lo eran.
Pérez Boga destaca que también permitirá comprobar
otros impuestos no amparados por la amnistía y examinar a otros contribuyentes
que se hayan relacionado con los amnistiados.
El presidente de IHE se muestra a favor de que se
publique una lista de defraudadores y morosos y considera que el temor a verse
sometido al "oprobio público" será un incentivo para declarar
correctamente.
También reitera su defensa de que haya un plan
especial de inspección para los políticos, "máxime cuando han aumentado
dramáticamente los casos de corrupción y han creado un clima de alarma
social".
Sobre las inspecciones a establecimientos durante las
Fallas y la Feria de Abril, indica que es "engorroso, pero necesario,
porque en algunos festejos no se cumple con los impuestos y genera una zona sin
ley, fiscal ni laboral, que no se puede tolerar".
En cualquier caso, subraya que dados los escasos
recursos de Hacienda, es preferible dedicar los esfuerzos a atajar los grandes
fraudes.
Pérez Boga muestra su desacuerdo por la tributación
por módulos, "que provoca
injusticias y propicia el fraude con facturas falsas" y pide que la
competencia para controlar el régimen fiscal de las sicav (sociedades de
inversión de capital variable) recaiga sobre la inspección y no sobre la CNMV.
EFE
